Facundo Di Filippo (Presidente de la Comisión de Vivienda – Coalición Cívica): Como marca el reglamento y a pedido de un grupo de cooperativas de la ley 341 vamos a darles un tiempo para que ellos expliciten la problemática que están teniendo en la actualidad. Lo que les vamos a pedir porque después tenemos un temario y algunas de las consideraciones de la comisión para hacer, hay un plazo máximo de media hora, si lo pueden hacer en menor tiempo mejor, pero sino lo que marca el reglamento es media hora. Lo que sí vamos a pedirles es que cuando tomen la palabra se identifiquen así queda registrado en la versión taquigráfica, con nombre, apellido y cooperativa a la cual pertenecen. Si quieren comiencen por ahí así empezamos a avanzar en lo nuestro.
Buenas tardes, yo soy Jorge Abasto de la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires que es una organización social y una cooperativa de igual nombre. Las organizaciones participantes de la C.C.E.S., de la Comisión de Evaluación, Control y Seguimiento en nuestra reunión mandatamos 3 compañeros para que hagan esta exposición y hagan uso del tiempo, que somos los tres que estamos sentados aquí. En virtud de ello nos dividimos la exposición en 3 partes, y para no perder tiempo yo empezaría con la primera parte.
Lo primero que queremos hacer es enmarcar la situación, las situaciones y los reclamos que aquí queremos plantear, en la situación de emergencia habitacional que hay en la Ciudad, que es una situación que esta misma Legislatura… o sea, no esta por su composición sino la misma casa, el año pasado con otra composición, poco antes de las últimas elecciones, y anteriormente también ya se lo había hecho, lo reconoce decretando la emergencia habitacional de la Ciudad; más allá de que la opinión nuestra es que esta ley de emergencia habitacional en realidad está vacía de contenido porque no promueve herramientas validas para hacerle frente a esa emergencia habitacional. Lo que nosotros queremos destacar es que, bueno, que esta misma Legislatura lo ha reconocido, el propio gobierno de la ciudad anterior y de alguna manera en conversaciones con los funcionarios también esto, acá en cifras también que son cifras oficiales que número más, número menos, depende el organismo que las haya hecho públicas, estamos hablando de 75.000, 80.000, 85.000 familias que están en situación de emergencia habitacional, estamos hablando de alrededor de medio millón de personas entre habitantes de villas, habitantes de los nuevos asentamientos, de hoteles e inquilinatos y de las llamadas casas tomadas. Estamos hablando de la situación de la población con menos recursos y más golpeada por la problemática habitacional, no estamos incluyendo en estas 500.000 personas a, también, los centenares de miles de inquilinos de sectores trabajadores, sectores bajos, sectores medios bajos que todavía logran acceder a un alquiler formal por ahora, no sabemos por cuánto tiempo más. Estas 500.000 personas están afuera de ese universo. Del déficit habitacional de la Ciudad, o sea de gente que no tiene su propia vivienda tampoco hay cifras exactas alrededor de esto pero se habla de alrededor del 40% de la población de la Ciudad que no tiene vivienda propia.
Esto está marcando una situación habitacional, creemos en la Ciudad, gravísima. Una situación habitacional gravísima y lo que nosotros, una de las preocupaciones que hasta ahora no vemos, es que en función de esa gravedad realmente se den respuestas adecuadas distintas, de instituciones, del poder ejecutivo, del poder legislativo… No vemos una respuesta, no vemos el reflejo de que siquiera se reconozca esa gravedad como tal, más allá de lo formal, digo.
En ese marco el año pasado hubo en la Ciudad de Buenos Aires alrededor de 6.000 familias desalojadas, aquí hay también diferencias de cifras, el Ministerio de Desarrollo Social habla de 4.300, 4.400 familias, ellos la medición que hacen es a través de los subsidios que ellos entregaron; nosotros decimos que no todas las familias desalojadas fueron subsidiadas, por distintas razones, por lo tanto la cifra real es más alta. Nosotros hablamos 6.000, 6.500 familias desalojadas, a un promedio de 4 o 5 habitantes por familia estamos hablando de 30.000 personas que fueron desalojadas en la Ciudad de Buenos Aires el año pasado. Nosotros caracterizamos esto como una verdadera tragedia social, movimientos de población de esta envergadura, no de algunos cientos o de algunos miles, sino de 30.000 personas, decenas de miles, se dan donde hay fenómenos naturales catastróficos o guerras, en otros lugares no se dan desplazamientos tan masivos de población; teniendo en cuenta que la mayor parte de estas familias son además arrojadas de la Ciudad porque no vuelven a encontrar lugar acá en la Ciudad.
Este año la proyección de las estadísticas es que va a haber más desalojos que el año pasado, ya en la primer parte del año… todavía no logramos, cosa que estamos tratando de hacerlo nosotros, armar una estadística más o menos precisa, pero este año la proyección da que va a haber más desalojos, probablemente hasta un 50% o más que el año pasado. Lo cual nos pone en una situación verdaderamente dramática.
En este marco es que nosotros vamos a plantear la problemática de la Ley 341 que la consideramos una de las pocas herramientas, y nosotros, la única herramienta que tenemos para intentar acceder a una vivienda propia en la Ciudad.
Todo esto nosotros lo enmarcamos en lo que consideramos que es el derecho a vivir en la Ciudad de Buenos Aires, no tenemos absolutamente nada contra la gente que vive en cualquier otro lugar, pero creemos que los pobres que tenemos nuestra vida organizada acá, gente que manda sus chicos al colegio, que tiene el jardín maternal, que tiene el comedor becado, que tiene su changuita o su trabajo armado acá, tiene derecho a mantener su vida tal cual la tiene organizada acá en la Ciudad y no tiene por qué ser expulsado e ir a vivir a 30 o 40 km. a intentar reorganizar su vida de nuevo en otro sitio.
Entonces, en ese contexto nosotros lo que estamos discutiendo acá y en otras instancias es que creemos que… Primero, es esta discusión de si los pobres, la gente de menores ingresos, de menores recursos, tiene derecho a vivir en la Ciudad y si ese derecho es reconocido ¿No? Supuestamente el pacto de San José de Costa Rica y otras instancias le dan jerarquía constitucional a los derechos sociales, el derecho nuestro sería a habitar una vivienda por encima del derecho, inclusive, cuando hay contradicción de derechos debería estar este derecho por encima –inclusive- del derecho de propiedad; o sea, reconocido o tenido en cuenta al menos en la misma jerarquía ¿No? Bueno, esto no existe en la Ciudad de Buenos Aires.
En este marco nosotros queremos plantear algunas cuestiones. Primero creemos que debería haber un conjunto de herramientas legales, por eso venimos a la Legislatura, un conjunto de herramientas legales para hacer frente a esta situación. Puntualmente creemos que tiene que haber una suspensión de los desalojos de las propiedades de la Ciudad y también de la propiedad de orden nacional, y nosotros creemos que, en forma transitoria, no como una cosa para siempre, pero en forma transitoria, inclusive de las propiedades privadas hasta tanto se reordene. Esto haciendo atención a esto que decíamos recién, el derecho social a la vivienda. En ese contexto creemos que tiene que haber un conjunto, el Estado debería intervenir para regular el mercado de alquileres, para regular el mercado de tierras. No puede ser que una pieza en un hotel hoy se esté pagando 700 u 800 pesos una pieza de 2 por 2 dividida con madera. No puede ser los valores que tienen las propiedades de la Ciudad de Buenos Aires, que son valores que tienen que ver con el destino de las tierras al negociado inmobiliario y no a la función de vivienda. Esto queremos que el Estado, y la Legislatura, debe intervenir legislando sobre esto, regulando el mercado de tierras, regulando alquileres.
Un punto fundamental que queremos poner en esto, que existe, es una operatoria que existe, es el tema de la vivienda transitoria. O sea, hay una operatoria que en estos momentos está frenada, congelada, en la Ciudad de Buenos Aires que es, para aquellas familias que estuvieran organizadas y con un proyecto de solución definitiva, o sea, no para absolutamente todo el mundo que tenga problemas de vivienda o que lo desalojen, para aquellas que están organizadas y que tenga un proyecto de solución definitiva como por ejemplo los que estamos en la Ley 341, para poder sostener ese proyecto podamos acceder a una vivienda transitoria mediante una operatoria reglamentada por el Estado. Bueno, esta operatoria está congelada en este momento, por lo tanto nosotros también queremos plantear que esta debería ser materia de discusión de la Legislatura, que esto tuviera carácter de ley para que existiese la obligación de implementarla ¿No? En el marco de la Ley 341 que es un proyecto de vivienda definitiva, también que exista la posibilidad de sostener este proyecto brindándole a las familias una vivienda transitoria.
También creemos que, y tendría que tener carácter de ley, tendría que estar legislado por esta casa, el tema de los inmuebles de la Ciudad que pertenecen a la Ciudad, pero que exista… O sea, el Instituto de Vivienda por ley tiene que tener un banco de inmuebles. Nosotros lo que creemos es que tiene que haber realmente un banco de inmuebles de la Ciudad y que tendría que haber alguna herramienta legislativa que diga que una parte de esos inmuebles vayan a ayudar a solucionar este tema de la emergencia habitacional, ya sea como vivienda definitiva o como vivienda transitoria de las familias.
Básicamente esto, ahora van a seguir mis compañeros, pero el tema era reclamar la intervención del Estado frente a esta situación social terrible y catastrófica, y de la Legislatura como parte del Estado y con todas las herramientas legales que puedan destinar a resolver estos problemas.
Buenas tardes, mi nombre es María Alejandra Meiriño, pertenezco a la cooperativa Domingo 7 dentro del espacio de cooperativas independientes.
Bueno, como decía Jorge la 341 es una de las herramientas que tenemos nosotros para poder tratar de conseguir la vivienda definitiva, pero el tema es que el programa en sí se encuentra virtualmente cerrado, de hecho si ustedes dan una vuelta por el pasaje Carabelas hay cartelitos en los vidrios que dicen que todas las operatorias se encuentran cerradas, no permiten ninguna inscripción; después, cuando uno pretende presentar un terreno te dicen “no hay presupuesto”, incluso se está dando por escrito esa respuesta, por ende las organizaciones no se pueden arriesgar a perder reservas y compromisos de compra ya que el mismo Estado te dice que “por este año no”.
Después también está el tema de que no se están iniciando las obras, aunque por estos días están diciendo que van a dar el 15% de anticipos, están pidiendo papeles, pero todavía efectivamente no ha bajado nada.
Y tampoco se van a terminar las 32 obras en ejecución, porque el presupuesto que hay para este año no alcanza ni para el 50% de los proyectos en marcha.
Hoy en día hay 400 organizaciones que están inscriptas, esas 400 somos 8.000 familias; 110 ya tienen terreno, que serían unas 2.000 familias. Estos proyectos se suponía que deberían estar desarrollándose, porque cuando uno firma un compromiso, o sea, un crédito a la vieja usanza o una asistencia financiera como es ahora, se supone que lo tienen que prever para el presupuesto del año que sigue, cosa que hasta ahora no sucedió nunca, de hecho a medida que iban aumentando las inscripciones al programa, que iba aumentando la demanda, los presupuestos pedidos eran cada vez menores. Así se da la realidad que hoy en día se terminaron, tras 8 años de ley, menos de 350 viviendas, lo que serían unas 50 por año para un programa de emergencia.
A su vez, el presupuesto votado desde Legislatura, en la 341 en particular, luego se tiene que repartir entre 2 modalidades, la individual y la colectiva. O sea que este año, si para terminar obra solamente hacían falta 33 millones y medio y se votaron 35, eso después, vaya a saber con qué criterio el Instituto decide cuánta parte va a particular y cuánto a colectivo… según ellos, de palabra porque por escrito no dicen nada, para este año para lo colectivo, va a haber 16, no se llega ni al 50% de las que están en marcha. Por ende no se van a comprar terrenos y no se van a iniciar obras.
El tema es que no comprar terrenos con la política que hay en la Ciudad del negociado inmobiliario que suben cada vez más los terrenos, que hay cada vez menos tierras para proyectos de vivienda donde se pueda construir a lo alto y en la cantidad que tienen la mayoría de los proyectos de acá, que son promedio entre 20 familias y 100 familias, ya quedan pocos. Entonces, si este año no se compran, el año que viene o el otro, cuando haya fondos realmente para hacerlo, hay que ver si quedan terrenos para comprar.
Por eso es que uno de los puntos que queríamos ver era de poder conversar con ustedes alguna partida extraordinaria o un aumento de presupuesto específicamente para la compra de terrenos. Porque según el Instituto, la poca plata que hay este año se va a destinar a la obra y los inicios de obra si van a dar sólo si se consigue el Plan Federal. Problemática que no tendríamos que hacernos eco nosotros, nosotros firmamos compromisos con el Instituto, hay créditos, hay asistencias financieras, la Ciudad tendría que hacerse cargo de financiar las obras y no trasladarnos a nosotros el que “si no baja el Federal no empiezan”. Incluso en los convenios de asistencia hay una cláusula incorporada que dice que solamente se van a hacer con plata de este plan, sino no se van a llevar a cabo.
Bueno, por todo esto nosotros el año pasado hicimos un presupuesto interno, propio, en el cual si sumamos los 33 millones y medio de los terrenos en marcha; más un inicio de obra y una continuidad para todo el año de las 61 obras que fueron pasadas al Federal; más la compra de los 13 terrenos que el año pasado sí tenían presupuesto para ser comprados y no se les aplicó, no sabemos en qué se usó tampoco esa plata; más 42 organizaciones que en reiteradas oportunidades perdieron los terrenos por culpa de los tiempos administrativos del IVC porque nunca se respetan, de hecho ellos te piden 90 días de compromiso de venta de un terreno y eso a veces es solamente lo que tarda la tasación del Banco Ciudad, a eso hay que sumarle la presentación de cosas administrativas, jurídicas, técnicas… y Catástro la verdad, el tratamiento que da a las organizaciones es peor que a un privado, de hecho un privado puede iniciar obra con un plano de obra nueva aprobado solamente e ir adjuntando papeles después, y nosotros hasta que no presentamos absolutamente el último certificado de desratización no empiezan ni siquiera a revisar los proyectos, cuando en realidad tendría que llevar una carátula los proyectos de emergencia habitacional y ser tratados con más celeridad, bueno, eso nunca pasó. Entonces, a veces pasa 1 año, año y medio para llegar a una compra y que por ende hay 42 organizaciones que en reiteradas oportunidades lo han perdido, que creemos que tendrían que ser unas de las primeras en tener oportunidad de volver a comprar; y además de esos terrenos, empezar a darle una mecánica más aceitada y lograr la incorporación de otros terrenos nuevos más. Entonces, el presupuesto que habíamos armado nosotros, sumando esta cantidad de compras de terrenos; más los inicios y continuidad de las obras que están derivadas al Federal; más la culminación de las obras, de acuerdo al cálculo nuestro ascendía a 257 millones de pesos, cosa que la gestión anterior pidió 70, y no sólo que no se aprobó lo que solicitó sino que se dieron 35 y que además se subdivide y quedan 16. Estamos muy lejos de poder aceitar realmente lo que es la operatoria.
Después está el tema de que obviamente la nueva reglamentación echó por tierra lo que es la autogestión, de hecho ahora con el nuevo sistema se escritura directamente a nombre del Instituto ¿Qué pasa? Un ejemplo, hace 17 meses se escrituraron ya 12 terrenos, en estos 17 meses todavía no se pudo completar una carpeta intermedia, que es la carpeta 2, porque no piden los cortes de servicios, cosa que sigue originando gastos porque siguen llegándonos las facturas, no están los papeles para adjuntar a la carpeta… y una vez aprobada recién esta carpeta, hay que hacer la carpeta 3 que es la definitiva de obra, que si en 17 meses no se terminó la 2 la carpeta 3 capaz en el 2010, con suerte, como para poder estar recién en condiciones de iniciar obra. Esto deja a lugar que el trámite avanza sólo si el Instituto tiene ganas de hacer el trámite; o sea, nos deja sentados y esperando a que hagan, ya no hay más autogestión.
Y después está el tema de que, obviamente, hablando del tema presupuesto, cuando vino el señor Grindetti a fines del año pasado a dar explicaciones sobre la deuda que iba a pedir a la Legislatura de 1.600 millones de pesos, él argumentó que de esa plata 345 millones eran para la parte de vivienda. Nosotros a raíz del pedido que estamos haciendo del aumento de presupuesto para compra de terrenos, queremos saber si hay algún porcentaje destinado a esta operatoria como operatoria de vivienda, para saber si este año se va a poder contar efectivamente para poder comprar algún terreno, porque realmente son necesarios y hacen falta.
De mi parte nada más.
Hola, buenas tardes, mi nombre es César Maidana, yo soy de la cooperativa de vivienda de la Asamblea Popular Plaza Congreso que integra el ECCA, que es el Espacio de Coordinación de Cooperativas Autogestionarias.
Bueno, en principio agradecerles que nos hayan invitado a participar de esta mesa para hacerles llegar nuestras preocupaciones, nuestras dificultades y nuestros anhelos con respecto a la problemática de la vivienda que estamos sufriendo desde hace bastante tiempo, y ese tiempo ya creemos que se está –por lo que estamos relatando los compañeros- como agotando, porque hasta ahora no se han dado soluciones de fondo sino que han aparecido paliativos. Es decir, lo que queremos recordar acá es que no es la primera vez que venimos a esta comisión, hemos venido el año pasado, hemos… el ante año pasado hemos pedido a la Comisión de Vivienda de esta Legislatura por nota de octubre del 2006 la posibilidad de sentarnos en una mesa de trabajo para poder diseñar o participar en la realización de una ley de suelo y vivienda para la Ciudad, que es lo que está faltando. El silencio fue la respuesta, vuelvo a reiterar este pedido para que quede reclamado otra vez, para que no sea dejado de lado nuevamente, porque nosotros somos los verdaderos… o una parte de los verdaderos necesitados de esa necesidad de esa ley.
La Ley 341 que empezó a sancionarse en febrero del 2000 fue lograda gracias al esfuerzo de las organizaciones sociales que estuvieron luchando para el logro de eso, esta Ley implanta por primera vez en la República Argentina la posibilidad de que organizaciones de vecinos puedan llegar a tener un crédito hipotecario para acceder a la compra del terreno y a la construcción de la vivienda tan deseada. Eso después se lo acompañó con otra ley, la 964 de diciembre del 2002, en la cual ya se modificaron 4 artículos y se incorporaron unos 7 que fueron corriendo el eje un poquito de la intencionalidad o del espíritu de la Ley 341 que fue gestionada por las organizaciones sociales.
Ahora, esta ley tuvo una primera reglamentación, y acá ya lo elevo como una denuncia ¿Por qué? La primera reglamentación y la segunda reglamentación del año 2006, justamente, trata de modificar la Ley desviándola realmente de la función matriz que tiene, cuando habla de la autogestión o de la cogestión. Es decir, todo esto desaparece vía de la reglamentación aprobada el año pasado por el directorio del IVC, y esto inclusive va en contra de la ley matriz que tiene el Instituto de Vivienda, que es la Ley 1251, la cual le da nacimiento para solucionar los problemas de vivienda de la Ciudad y no para elaborar y practicar políticas que, en definitiva, alejan a la población de esas posibles soluciones.
Nosotros a pesar de todas estas dificultades, de estos rechazos, de estos reclamos… ojo, que no son reclamos nuestros solos, son de muchos otros sectores; es decir, hay informes de la Defensoría del Pueblo referidos a la problemática de vivienda en la cual le señala la gravedad de la situación que se produce en el IVC con las distancias que ellos ponen para poder otorgar créditos, lo hacen solamente en el aspecto individual pero eso lo copiamos y es igualmente para lo colectivo, las mismas trabas y dificultades se multiplican en lo colectivo. Tenemos informe, que creo que ustedes deben conocer, de la auditoría de la Ciudad de diciembre del 2007, donde justamente señalan todos los gruesos errores, ellos los tratan como errores, o dificultades, o diferencias, pero nosotros lo situamos en otra categoría como de faltar al espíritu de la Ley, en la cual mediante reglamentaciones se saca la posibilidad de autogestionar de las organizaciones y pasa a depender todo de un funcionario, que es el presidente del Instituto; por el cual se nos aleja la posibilidad de contratar equipos técnicos como marcaba la anterior reglamentación, a los cuales se saca justamente dos sectores que son importantísimos para nosotros, que son el contador y el abogado, que son los que pueden posibilitarnos y darnos la información ante el mal manejo o el abuso que tengan los funcionarios con respecto a esta ley. Bueno, entonces, estos equipos técnicos pasan a depender directamente del Instituto, porque el Instituto es el que les paga antes le pagaba la cooperativa a través del crédito. Eso que significaría tal vez un alivio en el valor del crédito se convierte políticamente en una manija del Instituto para presionar sobre los profesionales para adecuar a su estilo y preferencia la manera de edificar, o la manera de que las organizaciones tengan que responder a lo que ellos realmente les bajen a los equipos técnicos. Es decir, se cambió el eje de tener un equipo técnico colega o dependiente de la cooperativa a tener un equipo técnico pagado e instrumentado por el funcionario de turno. Esto está haciendo, con otras comprobaciones que hemos hecho con respecto a los convenios que nos han hecho firmar a los que han comprado los terrenos, en los cuales los terrenos ya pasan a ser propiedad del Instituto de Vivienda, esto hace que directamente ellos trasladen este terreno comprado a nombre del Instituto de Vivienda a un banco de inmuebles, banco de inmuebles que nosotros muchas veces le exigimos pero porque la ley establece que haya un banco de inmuebles, pero la ley no establece que los terrenos que compra el Instituto pasen a ser parte de este banco de inmuebles, sino lo que la ley dice es que todo aquello que otras organizaciones, nacionales, municipales, provinciales le cedan el terreno o sean propiedad ya del Estado de la Ciudad, pasen a integrar este banco de inmuebles, banco de inmuebles que siempre hemos solicitado pero que es realmente un gran fantasma, no existe, para nosotros; sabemos que existe, sabemos que hay propiedades del Estado, sabemos que esas propiedad se direccionan de acuerdo a ciertos favores políticos, que esas propiedades no pasan a integrar una verdadera solución para el problema de la falta de vivienda en esta Ciudad.
Yo quisiera también recordarles, a ver si es posible, que ustedes van a tratar dentro de poco o ya se está tratando el Plan Urbano Ambiental, para ver de qué manera en ese plan urbano pueden ser respetados los proyectos de vivienda social, no sea que nos encontremos con una nueva reglamentación, con una nueva evaluación de las zonas de la Ciudad, en la cual ya sea imposible para nosotros poder construir, que ya es casi imposible, porque el valor inmobiliario de los terrenos supera totalmente los créditos que otorga el Instituto de Vivienda, que hace ya muy distante esa posibilidad; si a eso le agregamos que un Plan Urbano puede hacer diferencias sobre esos conceptos, estamos directamente ante un gran plan general que sería el desalojo de los pobres de esta Ciudad. Es decir, nosotros lo que queremos reiterar es que estamos en contra de ese tipo de soluciones, en contra de esas políticas, y por ese queremos hacerles llegar a ustedes nuestra preocupación y reiterarles que nuestra preocupación que tenemos, y que sufrimos, se podría ver… no digo solucionada en su totalidad, pero sí contemplada, si se puede establecer esta famosa mesa de trabajo que les pedimos en octubre del 2006 y nunca fue respondida, para que podamos sentarnos a trabajar ciertamente y a tipificar, y a reglamentar, y a desarrollar, toda una política de tierras de la Ciudad en la cual, los productores de esta Ciudad, es decir los que producen la riqueza de esta gran Ciudad, que somos los trabajadores de esta Ciudad, que vivimos en esta Ciudad, que criamos nuestras familias en esta Ciudad, que ellos se educan y se tratan la salud en esta Ciudad, no tengamos que ir a urbanizar tierras a 100 km de esta Ciudad, a 60 km de la Ciudad, donde actualmente nos están mandando con el famoso plan de emergencia habitacional que posibilita solamente una pequeña cantidad de dinero, y la gente desgraciadamente eso lo usa para irse lejos y no para poder reinstalarse en la Ciudad porque ese valor es casi simbólico para comparar con los valores de la propiedad e inmuebles que hay en la Ciudad.
Bueno, todo eso a que me he referido quisiera reiterarlo, la necesidad de esa mesa de trabajo, porque si no se establece una relación estable es como ir a San Cayetano una vez por año, sentarnos acá a rezar y a pedir, y volver el próximo año a pedir de nuevo y a que se haga ese milagro. Creo que el único milagro que podemos hacer es a través del trabajo cotidiano, a través de un trabajo estable, a través de una relación más fluida que la que tenemos hasta ahora, para que podamos empezar a modificar situaciones que comprometen la vida de muchas familias de esta Ciudad. Gracias.
Facundo Di Filippo (Presidente de la Comisión de Vivienda – Coalición Cívica): Bueno, les agradezco el tiempo, fue casi exacta la media hora. Nosotros solicitamos en esta primer reunión que esté el cuerpo de taquígrafos para que quede versión de lo que ustedes estaban manifestando, esto va a ser girado a cada una de las áreas pertinentes según lo solicitado por ustedes, incluso a la Comisión de Planeamiento para que se tenga en cuenta el pedido sobre el futuro proyecto del Código de Planeamiento urbano de la Ciudad; va a ser girado también al resto de los miembros de la comisión que no están acá presentes, igual sí hay asesores de casi el 90%, así que seguramente se interiorizarán posteriormente del desarrollo de lo que ustedes plantearon. Lo que yo me puedo comprometer es que va a haber respuesta, por sí o por no, tanto en la solicitud de la comisión o de la mesa de trabajo que no hay ninguna normativa que la vincule pero sí vamos a consultar a todos los integrantes de esta comisión para avanzar en ese sentido. De hecho nosotros en el día de hoy vamos a terminar de ver unas leyes que hay que integrar, unas leyes específicas, comisiones específicas de diferentes barrios que hay que integrar, así que en ese sentido irá también la propuesta de ustedes. Y bueno, les agradezco por estar acá y seguimos en contacto, cualquier cosa la directora de la comisión que es Albertina Maranzana, que está acá presente, se pueden comunicar con ella.
Avanzamos con el temario de hoy con los diputados, seguimos teniendo quórum. El primer proyecto es el expediente 284/07, proyecto de ley “Registro Único de Postulantes a Vivienda del IVC” de autoría…(ruido ambiente) Creo que hasta ahora no había ninguna objeción en asesores, si es así lo hacemos circular para la firma.
Zulema Ríos: Disculpe, acá la compañera que habló de los inicios de obras… nosotros estamos hablando de la terminación de obras, tenemos problemas con las escrituraciones. Casualmente el Instituto nos está poniendo frenos, estamos por terminar en meses la obra y me gustaría que ustedes lo sepan como diputados. Nosotros vamos a hacer llegar un documento a la comisión para explicarlo bien, lo va a explicar Jaime porque ya estuvo en la obra de Jaime el Instituto de Vivienda y le han puesto peros, entonces esa es una situación muy grave que ustedes tendrían que tener muy en cuenta porque somos cooperativas que venimos hace 8 años trabajando, y en las cuales recién se están entregando las viviendas, obviamente que va a haber dificultades administrativas y por lo cual me gustaría coordinar con ustedes, si me permiten, con todo respeto. Muy amables, gracias.
Comisión de Vivienda:
Presidente Facundo Di Filippo Coalición Cívica Presente
Vicepresidente 1° Marcelo Meis PRO Presente
Vicepresidente 2° Dora Mouzo PRO Presente
Vocales Cristian Ritondo PRO Ausente
Fernando De Andreis PRO Ausente
Gonzalo Ruanota Diálogo por Bs. As. Ausente
Juan Cabandié Frente para la Vic. Presente
Teresa de Anchorena Coalición Cívica Presente
Enzo Luis Pagani PRO Ausente
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